La migración forzada se ha convertido en una realidad para cientos de periodistas latinoamericanos que han buscado refugio en Estados Unidos, huyendo de la persecución en sus países de origen. Sin embargo, las políticas migratorias recientes han complicado su situación, dejándolos en un limbo legal y con pocas opciones para regularizar su estatus.
Restricciones migratorias y su impacto en la prensa
Las nuevas disposiciones de la administración estadounidense han eliminado programas clave como el Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos de Venezuela y han restringido el parole humanitario para nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Esto ha dificultado aún más el acceso a asilo para quienes huyen de la represión en sus países.
Los recortes en fondos de ayuda, incluidos los otorgados por USAID, han afectado directamente a periodistas que dependían de estos recursos para salir de sus países o sostenerse en el extranjero. La cancelación de programas de apoyo ha dejado a muchos profesionales en situación vulnerable.
Asilo y burocracia: una espera interminable
El proceso de solicitud de asilo en Estados Unidos es notoriamente lento: algunos periodistas llevan tres o cuatro años en EE.UU. sin haber recibido una entrevista ante un juez. La falta de celeridad en estos procesos agrava la incertidumbre y el riesgo de deportación.
Particularmente preocupante es la situación de los periodistas nicaragüenses que ingresaron bajo parole humanitario. Según datos de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), al menos 20 profesionales del país están en esta situación. Su posible deportación a un entorno donde enfrentaron represalias genera alarma en las organizaciones de derechos humanos y libertad de prensa.
Venezuela: el riesgo de volver a la censura
El caso de los periodistas venezolanos también es crítico. La eliminación del TPS en febrero de 2023 dejó a muchos sin protección legal. Luz Mely Reyes, periodista que ha investigado la situación del exilio venezolano, advierte que el regreso forzado a Venezuela expone a estos profesionales a riesgos inminentes, ya que la criminalización del ejercicio periodístico sigue vigente en el país.
Ante la falta de respuestas por parte de las autoridades estadounidenses, diversas organizaciones han empezado a coordinar esfuerzos para buscar alternativas en otros países.