Florida aprueba ambiciosa ley migratoria: impacto y controversia

Una ley migratoria con fuertes implicaciones

Una ley migratoria con fuertes implicaciones

La Legislatura de Florida ha dado luz verde a una iniciativa que refuerza el control migratorio en el estado, asignando 500 millones de dólares para su implementación. Esta medida, que exige la cooperación entre gobiernos locales y contratistas con las autoridades federales, forma parte de un esfuerzo para fortalecer la aplicación de las restricciones impuestas por el expresidente Donald Trump en materia de inmigración.

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La aprobación del proyecto, titulada Ley de Tácticas y Reforma de la Política de Migración Ilegal (Ley TRUMP), se realizó en una sesión especial, lo que ha generado críticas por la limitada participación pública en el proceso. La medida, de más de 80 páginas, ha causado divisiones tanto dentro del partido republicano como en la comunidad en general.

Una votación dividida y un gobernador insatisfecho

El proyecto de ley fue aprobado tras un debate que se prolongó por más de cuatro horas, evidenciando la falta de consenso entre los legisladores republicanos. Mientras la mayoría respaldó la propuesta, un grupo de legisladores del partido votó en contra, impidiendo que la legislación alcanzara la mayoría necesaria para resistir un posible veto del gobernador Ron DeSantis.

El mandatario estatal ha calificado la medida como "débil", al considerar que no incluye ciertas restricciones clave, como la imposición de límites a las remesas enviadas al extranjero por personas sin estatus legal o la presunción de que estos individuos representan un riesgo de fuga. Ahora, DeSantis debe decidir si firmar la ley, vetarla o permitir su aprobación sin su firma.

Cooperación reforzada con el gobierno federal

Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la creación de una nueva oficina estatal de aplicación de la ley de inmigración, que contará con 140 empleados y estará bajo la dirección del comisionado de agricultura del estado. Esta reestructuración administrativa ha generado controversia, ya que algunos argumentan que la industria agrícola no ha sido históricamente un pilar en la aplicación de las leyes migratorias.

El proyecto también incluye una fuerte inversión económica para garantizar la cooperación con el gobierno federal:

- 100 millones de dólares en subvenciones para agencias policiales locales, destinadas a capacitación y reembolso de costos de detención.
- 375 millones de dólares para reforzar la colaboración con el gobierno federal y financiar programas de delegación de funciones migratorias a la policía local.
- 25 millones de dólares en incentivos para oficiales que colaboren con el gobierno federal, otorgando bonos de 1.000 dólares por su participación.

Mayores penas y eliminación de beneficios para inmigrantes

El endurecimiento de las políticas migratorias no solo afecta a los procedimientos de detención y deportación, sino que también impone penas más severas para personas sin autorización que cometan delitos en el estado.

Además, el proyecto elimina una ley estatal vigente desde hace una década, la cual permitía que estudiantes indocumentados accedieran a tarifas de matrícula universitaria reducidas en Florida. Esta decisión ha generado indignación, ya que en su momento la medida fue promovida por la actual vicegobernadora del estado, quien en 2014 la calificó como una acción "correcta".

El senador demócrata Darryl Rouson recordó esas declaraciones en el pleno del Senado y cuestionó el cambio de postura de la administración actual:

¿Qué ha cambiado desde entonces, además de la actitud hacia los inmigrantes?

Resistencia dentro del partido republicano

A pesar de ser impulsado por la mayoría republicana, el proyecto de ley no obtuvo el respaldo unánime dentro del partido. Un grupo de legisladores se opuso, entre ellos el senador Blaise Ingoglia, quien justificó su voto en contra al considerar que la medida "no es lo suficientemente sólida".

El descontento con la iniciativa también ha sido evidente en la Cámara de Representantes, donde el presidente Daniel Perez criticó la presión política ejercida sobre los legisladores para alinearse con una postura determinada:

Amenazar a otros para conseguir lo que quieres no es liderazgo, es inmadurez

Un modelo para otros estados: Tennessee

Florida no es el único estado en el que se están implementando políticas migratorias estrictas. Otros estados como Tennessee han iniciado sesiones especiales para abordar temas similares, reforzando la tendencia de cooperación estatal con la administración federal en la aplicación de restricciones migratorias.

El futuro de la Ley TRUMP ahora está en manos del gobernador DeSantis, quien debe decidir si la convierte en ley o la rechaza, arriesgándose a un conflicto con los líderes legislativos de su propio partido.

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