La administración Trump ha propuesto un registro obligatorio para migrantes sin documentos en EE.UU., que incluiría huellas dactilares y dirección de residencia bajo amenaza de sanciones penales. Presentada como una medida de "seguridad nacional y orden público", esta iniciativa ha generado preocupaciones legales y sociales, con acusaciones de que podría violar derechos constitucionales y fomentar la discriminación.
¿En qué consiste la propuesta?
El plan exige que todos los migrantes sin estatus legal en EE.UU. se registren en un sistema gubernamental en un plazo de 90 días. El registro sería administrado por USCIS (Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU.) y conectado con bases de datos del FBI. Se utilizaría una aplicación móvil con reconocimiento facial y geolocalización para rastrear a los registrados.
Quienes no se inscriban podrían enfrentar multas de hasta 5,000 dólares o seis meses de prisión, con sanciones más severas para reincidentes. Agentes del ICE tendrán acceso en tiempo real a la base de datos, y un polémico anexo permitiría el uso de drones para verificar las direcciones registradas.
Comparación con otros países
Programas similares han existido en otras naciones, pero con diferencias clave:
- Alemania exige un registro para todos los residentes, pero sin penalizaciones penales.
- Japón usa un sistema de identificación para servicios sociales, sin consecuencias punitivas para migrantes irregulares.
- EE.UU. tuvo un precedente con el NSEERS tras el 11-S, un programa de registro para ciudadanos de ciertos países que fue criticado por discriminación racial y eliminado en 2016.
Esta propuesta sería única en el mundo occidental al combinar biometría, monitoreo digital y sanciones penales.
Controversias legales y preocupaciones por derechos civiles
¿Viola la Constitución?
Grupos como la ACLU han argumentado que esta iniciativa podría vulnerar:
- El Cuarto Enmienda: La recopilación obligatoria de datos biométricos podría considerarse una "búsqueda sin orden judicial".
- La Quinta Enmienda: Obligar a los migrantes a autoincriminarse podría ser inconstitucional.
- Igualdad ante la ley: La medida podría enfocarse desproporcionadamente en comunidades latinas y africanas.
Un estudio del MIT ha demostrado que los sistemas de reconocimiento facial tienen un 12% de error en personas con piel oscura, lo que podría aumentar las detenciones injustas.
Impacto en las comunidades migrantes
¿Menos acceso a servicios públicos?
Según encuestas, el 68% de los migrantes irregulares evitaría acudir a hospitales o escuelas por miedo a ser rastreados. En Los Ángeles, se espera una caída del 30% en vacunaciones infantiles, lo que podría generar crisis sanitarias.
Organizaciones comunitarias también han reportado que muchas personas ya están evitando solicitar asistencia alimentaria por temor a ser detectadas por las autoridades.
Riesgo de explotación y corrupción
El temor al registro ha provocado un mercado negro de documentos falsos, con "contratos de renta" vendidos por hasta 8,000 dólares para demostrar una dirección fícticia.
En Texas, han surgido denuncias de oficiales de inmigración que piden sobornos a cambio de no reportar a personas que no se han registrado.
Reacciones políticas y perspectivas legislativas
Posiciones de los partidos
- Republicanos: Apoyan la medida como un "paso necesario para el orden público".
- Demócratas: 33 senadores han propuesto una moratoria para bloquear el financiamiento del programa.
- Bipartidismo: Algunos legisladores buscan un compromiso que elimine las penas de cárcel y reduzca las multas.
Resistencia de gobiernos estatales
- California y Nueva York han declarado que no cooperarán con la aplicación del registro.
- Texas y Florida han aumentado la colaboración con ICE y están reforzando sus propias unidades migratorias.
Repercusiones internacionales
El gobierno de México ha advertido que podría reducir su cooperación en temas de seguridad si la medida se implementa. El Salvador ha suspendido acuerdos de repatriación, argumentando que el programa podría dañar su economía al reducir las remesas enviadas por migrantes.
Por otro lado, Hungría ha respaldado la iniciativa y propone debatir en la Unión Europea medidas similares para "defender las fronteras".
Costos económicos y alternativas
¿Será rentable?
El Congreso estima que implementar el registro costaría 18,000 millones de dólares en 10 años, mientras que las multas podrían generar 7,000 millones. Sin embargo, expertos advierten que podría provocar pérdidas en sectores dependientes de mano de obra migrante, como la agricultura y la construcción.
Además, el sistema de salud podría enfrentar costos adicionales si los migrantes evitan acudir a hospitales hasta que su estado de salud sea crítico.
Alternativas propuestas
- Registro voluntario con protección legal temporal para quienes colaboren con el sistema, inspirado en modelos europeos.
- Creación de un camino a la regularización basado en empleo y contribución fiscal.
- Supervisión independiente para evitar abusos y discriminación racial.